Ciudad de México.- El Senado aprobó la minuta para crear la Ley de Transición Energética, que establece obligaciones en materia de energía limpia para la industria que participará en la generación y explotación de electricidad.
La minuta, que fue devuelta a la Cámara de Diputados por haber sido modificada, señala que se otorga plazo de cuatro años a la industria para cumplir con la obligación de comprar Certificados de Energías Limpias (CEL).
El CEL, señala la Ley de la Industria Eléctrica, es un título emitido por la Comisión Reguladora de Energía.
Este certificado —asienta la Ley— acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica, a partir de “energías limpias”, y sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los centros de carga, que son instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten que un usuario final reciba el suministro eléctrico.
Los CEL tendrán una vigencia permanente hasta su liquidación o cancelación.
La minuta aprobada ayer señala, en el artículo 22 que añadieron los senadores, que dos años después de entrar en vigor las obligaciones en materia de CEL, la Comisión Federal de Competencia Económica evaluará la competitividad del mercado de certificados y emitirá recomendaciones con el fin de mejorar su desempeño.
Refiere que por los primeros cuatro años de vigencia de las obligaciones habrá un “mecanismo de flexibilidad” para su cumplimiento, por lo que los participantes obligados (las empresas generadoras) podrán diferir la liquidación de hasta 50 por ciento de sus obligaciones hasta por dos años, cuando la CRE determine que el número total de certificados registrado no cubra el 70 por ciento del monto total de la obligación para cada uno de los dos primeros años.
También podrá diferir por dos años cuando el precio del certificado, calculado por la CRE, sea mayor de 60 unidades de inversión (UDII).
La Ley retoma la meta del 35 por ciento de participación de energías limpias en la generación eléctrica para el año de 2024.
Durante la discusión de la minuta, que fue aprobada por 92 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones, senadores perredistas y petistas acusaron al priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, de haber acordado el dictamen con representantes la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).
“Está incurriendo en conflicto de intereses y no respeta el voto de sus electores”, dijo Dolores Padierna.
Penchyna aceptó haberse reunido con los empresarios, pero fue, dijo, de manera informal y porque así se lo pidieron los industriales.
