Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, dijo ayer que las recomendaciones de la CNDH relativas al caso Tanhuato serán aceptadas, pero rechazó que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias por parte de la Policía Federal (PF).
Afirmó que el uso de las armas fue necesario y proporcional a la agresión con que los policías fueron recibidos, y que estos actuaron en legítima defensa.
Señaló que los policías federales que participaron en el operativo —cuyo saldo fue de 42 civiles muertos—en aquella población, en mayo de 2015, invitaron a los ocupantes del rancho a deponer las armas.
“Al llegar los elementos de la Policía Federal, los civiles armados hicieron caso omiso de los llamados a deponer las armas y dispararon contra la autoridad. En esta acción, un agente, de 25 años, y cinco de servicio fue impactado por un disparo de los agresores y perdió la vida.
“Hay que decir, que los padres de este joven recibieron en su nombre la Condecoración Caballero Águila, el máximo reconocimiento que otorga la corporación, por haber ofrendado su vida al atender el reclamo de una ciudadana, por dar la vida en cumplimiento del deber”, expresó.
Acompañado del comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ceballos, Sales Heredia pidió a la CNDH tomar en consideración la declaración de un sujeto detenido por la Fiscalía de Jalisco el 10 de junio del 2015, quien supuestamente estuvo en el Rancho del Sol, días antes del enfrentamiento.
“Este sujeto confirma que al rancho mencionado llegaron tres de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, con un estimado de 700 sujetos armados de los cuales, posteriormente, un grupo importante se retiró, y otros permanecieron”, refirió en conferencia de prensa .
Y agregó:
“Es importante dimensionar que en este un predio de 102 hectáreas, principalmente terreno de cultivo en campo abierto, con dos construcciones, una casa y una bodega. Tanto en la casa como en la bodega, civiles armados se resguardaron”.
Aseguró que en el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, una ejecución extrajudicial sumaria o arbitraria, es aquella privación de la vida perpetrada por agentes del Estado como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza, que no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad.
“Está asentado en actas que los policía federales se identificaron, exigieron a los agresores que depusieran las armas y se entregaran. La respuesta fue con disparos de arma de fuego, tan es así”, apuntó.
“Esos disparos de arma de fuego dieron muerte a un compañero e hirieron a otro más, impactaron tres vehículos oficiales en múltiples ocasiones y el helicóptero como les decía que llegó al apoyo presentó tres disparos en su estructura, además de que fue amagado con un lanza misiles”, añadió.
Defensa: “Se actúa a nuestra consideración en legítima defensa dado que los agresores contaban con armamento reservado para uso exclusivo de la fuerza como un fusil tipo Barret y un lanza misiles RTG activado, luego entonces, nosotros creemos la actuación de las fuerzas federales fue absolutamente racional ante un escenario hostil con tiradores desde diversos puntos”, defendió Renato Sales.
Y remató: “No creemos pues que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias, hay que decir también que en México está absolutamente prohibida la pena de muerte, no hay ejecuciones ordinarias, no hay ejecuciones legales, luego entonces, creo que si bien se maneja en la literatura de Derechos Humanos Internacional el término ejecución arbitraria, sumaria o Internacional, en nuestro país hay que recordar que está absolutamente prohibida la pena de muerte, esto es, no puede haber ejecución de orden judicial ni ejecución de tipo ordinaria, no existe”.
