Por Jose Luis Zapata Pesina
Ciudad Victoria.- Eliminar requisitos que dificultan el acceso al empleo público para las personas con discapacidad es el propósito de una iniciativa presentada en el Congreso de Tamaulipas por el diputado Marco Gallegos Galván, quien propone modificar las condiciones de contratación para evitar que la exigencia de una certificación de competencias se convierta en un obstáculo laboral.
La propuesta plantea reformar la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas y el Código Municipal, con el objetivo de retirar la obligación de acreditar una certificación específica para acceder a las plazas destinadas a este sector de la población dentro de las instituciones públicas.
El legislador explicó que el planteamiento mantiene la disposición legal que obliga a las autoridades estatales y a los ayuntamientos a reservar al menos el 3 por ciento de su plantilla laboral para personas con discapacidad, por lo que el cambio se concentraría en eliminar el requisito de certificación sin reducir el porcentaje de contratación establecido.
Gallegos Galván sostuvo que las condiciones físicas, mentales o sensoriales de una persona no deben convertirse en una desventaja adicional al momento de buscar trabajo, particularmente en las dependencias gubernamentales, donde deben garantizarse oportunidades de acceso en condiciones de igualdad.
La iniciativa también se sustenta en los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la protección de los derechos de las personas con discapacidad, argumentos con los que se busca respaldar los cambios propuestos a la legislación estatal.
El diputado señaló que la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral representa una vía para fortalecer su autonomía económica, dignidad e inclusión social, al permitirles acceder a oportunidades de trabajo sin enfrentar condiciones adicionales que puedan limitar su participación.
El planteamiento legislativo también guarda relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 de la Agenda 2030, enfocado en reducir las desigualdades, mediante acciones que permitan ampliar las oportunidades de participación social y económica de los sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo.
La iniciativa deberá continuar su trámite en el Congreso de Tamaulipas, donde se contempla la consulta a personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan antes de avanzar hacia una posible aprobación, con el propósito de incorporar sus perspectivas en una reforma que busca facilitar su contratación en el servicio público.
