Por Miguel Gallegos Walle
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) reconoció que la prohibición del uso de celulares en las escuelas es positiva, pero advirtió que la medida, sin la voz de los padres de familia, puede resultar incompleta.
Así lo señaló Israel Sánchez Martínez, presidente de la organización, al referirse al Acuerdo 09/09/26 emitido por las autoridades educativas federales y estatales.
Sánchez Martínez destacó que el acuerdo representa un primer paso importante para garantizar el interés superior de la niñez y se alinea con experiencias internacionales. Sin embargo, subrayó que en el diagnóstico y en la construcción de la medida no se escuchó de manera suficiente ni estructurada a las familias, lo que debilita su legitimidad social.
De acuerdo con el dirigente de la UNPF, la consulta nacional se centró en el personal docente y en foros técnicos, mientras que los padres de familia quedaron al margen de la definición del problema y de las soluciones. “La ausencia de las familias limita la eficacia real de la regulación”, puntualizó.
El acuerdo, que entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026 y otorga 180 días a las entidades federativas para armonizar instrumentos jurídicos, establece la restricción del uso de dispositivos digitales personales en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.
No obstante, Sánchez Martínez advirtió que en un contexto de rezago educativo profundo, con dificultades de atención, memoria y comprensión lectora documentadas por los propios maestros, la regulación por sí sola no restablece la autoridad pedagógica ni cierra brechas de aprendizaje.
El presidente de la UNPF señaló que para fortalecer la autoridad de los docentes se requiere mucho más que retirar celulares. “Será necesario aterrizar una normativa integral que defina limitaciones y responsabilidades, de lo contrario se corre el riesgo de quedar en las mismas condiciones o incluso empeorar en perjuicio de los maestros”, expresó.
Agregó que ninguna regulación escolar será sostenible sin la adecuada sensibilización y apoyo de los padres de familia, ya que el uso de dispositivos se extiende al hogar, las redes sociales y las dinámicas familiares. Por ello, pidió generar espacios permanentes de diálogo entre escuela y hogar, acompañar a las familias con información clara y reconocer que la autoridad docente se fortalece cuando existe respaldo familiar.
Finalmente, Sánchez Martínez invitó a las autoridades a abrir de inmediato canales de participación efectiva, evaluar de forma periódica y transparente los resultados de la medida y articular políticas integrales que aborden no solo el uso de dispositivos, sino también las condiciones de aprendizaje, convivencia y bienestar de los estudiantes
