Por Agustín Peña Cruz
Tampico, Tamps.- En un contexto donde la línea entre el poder y el abuso se difumina peligrosamente en diversos rincones del país, la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Comisión de Investigaciones Legislativas y Asuntos Municipales del Congreso de Tamaulipas, abre la puerta a un debate inédito: evaluar la capacidad psicológica —la denominada capacidad de ejercicio— de los funcionarios públicos para desempeñar cargos de alta responsabilidad.
En entrevista exclusiva, Salazar Mojica respondió con franqueza ante un hecho que pone en tela de juicio la estabilidad emocional de quienes ejercen poder desde cargos municipales. Se trata del caso de la séptima regidora de Altamira, Epifania Moran Villeda, quien recientemente fue señalada por amenazar a un periodista (un servidor) en ejercicio de su labor informativa. “Cuando se presentan contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, es ahí donde surgen dudas legítimas sobre el estado psicológico del funcionario”, advirtió la legisladora.
La diputada distingue con precisión jurídica entre dos conceptos fundamentales: la capacidad de gozo, que se refiere al derecho de todas las personas a disfrutar de sus garantías fundamentales, y la capacidad de ejercicio, que alude a la aptitud mental y psicológica para tomar decisiones con racionalidad, ética y conciencia. Este último punto es el que, de acuerdo con la diputada, debería entrar al terreno legislativo.
“Más que evaluarlo, el funcionario debe entrar con una convicción genuina, con congruencia entre lo que piensa, decide y hace. Pero si esto no se cumple, el Congreso tiene la obligación de analizarlo. Me llevo la tarea a la Comisión y lo que se tenga que hacer, se hará”, declaró Salazar Mojica con firmeza.
En una era donde la polarización política y el desgaste institucional van en aumento, la posibilidad de que el Congreso legisle sobre la salud mental de quienes ejercen funciones
públicas no es menor. Implicaría no solo una transformación cultural dentro de las estructuras del Estado, sino también un mecanismo preventivo frente a posibles excesos de poder que afecten al erario, a los derechos ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones.
“El pueblo elige con la esperanza de que sus representantes sean eficaces, congruentes, coherentes. No se puede permitir que una investidura pública sea un escudo para la arbitrariedad o el desequilibrio emocional”, señaló.
Casos como el de Altamira no son aislados. El abuso de poder, disfrazado de autoridad legítima, se repite —con distintos matices— desde los cabildos municipales hasta las cúpulas del gobierno federal. Tamaulipas no es la excepción; es un reflejo de lo que ocurre en México entero: una nación donde el poder, cuando no es fiscalizado, puede degenerar en autoritarismo o, peor aún, en acciones impulsivas que rayan en la pérdida de juicio.
La diputada no promete una solución inmediata, pero su disposición a abrir la discusión marca un precedente. ¿Puede un funcionario sin equilibrio emocional tomar decisiones que afectan a miles, incluso millones? ¿No debería exigirse, como condición mínima, una evaluación profesional que asegure que quien manda, esté en condiciones de hacerlo?
La pregunta está sobre la mesa legislativa. Ahora le corresponde al Congreso convertir el diagnóstico en política pública.
