Agustín Caso explica, ante los diputados, la complejidad de estimar el coste de cancelar una obra de gran envergadura: “No es pertinente dar una cifra nueva”
En su primera comparecencia tras el fiasco del informe sobre el coste de cancelar el aeropuerto de Texcoco, el auditor especial de Desempeño, Agustín Caso, ha negado errores metodológicos en sus cálculos. El propio Caso había reconocido “deficiencias” tras la publicación del informe. Divulgado el 20 de febrero por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el documento señalaba que cancelar las obras del aeródromo costaría 331.996 millones de pesos, 16.000 millones de dólares, un 232% más que la estimación que había elaborado el Gobierno. Ante las quejas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la ASF reculó y dijo que una “deficiencia metodológica” había provocado “inconsistencias” en el cálculo. Caso ha dicho este martes que lo único que ocurrió es que se usó un criterio distinto al que usó el Gobierno.
Separado del cargo mientras se aclara el asunto, el auditor ha explicado que “el fenómeno de cancelación de un proyecto de la envergadura del aeropuerto de Texcoco no es tarea fácil. Por eso”, ha añadido, “el grupo auditor tuvo la creatividad de establecer metodologías que permitieron dar luz sobre el fenómeno”. La creatividad a la que se ha referido el auditor consistió en aplicar criterios “económicos, no contables”. Caso ha añadido que “no es pertinente dar una cifra nueva que quiere establecerse como verdad”.
Las declaraciones del auditor chocan con el proceso de revisión de la propia ASF. En febrero, en mitad de la polémica por las cifras, el auditor superior, David Colmenares, anunció que un equipo distinto al de Caso analizaría los cálculos e informaría sobre los resultados. Según una fuente de alto nivel de la propia institución consultada por EL PAÍS, la revisión ya finalizó y contiene cifras nuevas, cercanas a la estimación del Gobierno federal, en torno a los 100.000 millones de pesos, 5.000 millones de dólares. Según la misma fuente, la ASF divulgará las nuevas cifras esta misma semana.
En su comparecencia, Caso ha negado además cualquier intención política en la elaboración y divulgación del informe del aeródromo. “El área a mi cargo es ajena a toda intención partidista. Nunca he sido señalado por ninguna irregularidad. No existió dolo o motivación política en el equipo auditor. Mis compañeros merecen todo mi reconocimiento y respeto”, ha dicho.
Caso comparecía apenas ocho días después de que lo hiciera su jefe, David Colmenares. La semana pasada, Colmenares acudió a una reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. El jefe del ente fiscalizador llegó acompañado de sus auditores especiales, Gerardo Lozano, del área de Cumplimiento Financiero y Emilio Barriga, de la dirección de Gasto Federalizado. No estuvo Caso, ya entonces suspendido de sus funciones. El área de Lozano se ha encargado de las cifras del informe de Caso.
En su intervención ante los diputados, Colmenares señaló que “la ASF es una institución fuerte. Estamos en la vanguardia tecnológica y estamos en la mejor disposición de aclarar y dejar claro nuestro papel”. Colmenares dijo también que no había habido “mala fe” en el “error” del informe del aeropuerto diseñado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El auditor superior trataba así de atajar las críticas a la institución, después de diez días de tormenta, tras la divulgación del informe, el sábado 20 de febrero.
Alimentada durante el fin de semana, la polémica estalló el lunes siguiente, cuando el propio López Obrador cargó contra los números de la auditoría y señaló motivaciones políticas de los auditores. “Imagínense, una auditoría, auditor que se equivoca en una investigación, en un estudio por más de 200.000 millones de pesos, claro que no fue una equivocación, claro que ahí hubo una intencionalidad política de afectarnos”, criticó el mandatario.
Ese mismo lunes, la ASF publicó un comunicado señalando “deficiencias metodológicas” en el cálculo y Colmenares anunció una revisión. A falta de conocer los detalles del nuevo cálculo, el choque de criterios apunta a la deuda y los bonos emitidos en su día por el consorcio encargado de construir el aeropuerto. El equipo de Caso contó como coste de cancelación por ejemplo dinero que el consorcio recibió prestado y que ahora deberá devolver. Caso ha dicho hoy que “no estamos ante un hecho pagado y cerrado, estamos ante un proceso dinámico con complejidades financieras y económicas, que pueden cambiar”.
El informe sigue envuelto en dudas. No solo por el coste de cancelación, sino por la naturaleza de la auditoría. En la elección del tipo de auditorías que las ASF realizaría a lo largo de 2020, el ente eligió para el conjunto del aeropuerto una auditoría de desempeño, señalada para analizar si las políticas públicas son eficientes y no una de tipo forense, previstas para casos donde podrían existir casos de corrupción, como en el aeropuerto. Impulsado por el último Gobierno del PRI, las obras del aeródromo fueron objeto de denuncias por corrupción casi desde el principio. La ASF también ha señalado irregularidades en el gasto de miles de millones de pesos desde el inicio de su construcción, a mediados del sexenio pasado.
