Dominado el Estado egipcio por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, una mentalidad represiva se extiende como una epidemia por todas sus instituciones. Incluido el Ministerio de Educación, que esta semana anunció la aprobación de una enmienda legal para endurecer la sanción a aquellos que filtren o distribuyan las respuestas de los exámenes, y que incluirá duras penas de prisión. La decisión llega después de que el año pasado se difundieran a través de las redes sociales las preguntas y respuestas correctas del examen de selectividad (zanawiya al-amma, en árabe), forzando las autoridades a eliminar varias de las pruebas
En concreto, desde el pasado 15 de junio, se castigará con entre dos y siete años de cárcel, además de una multa de entre 100.000 y 200.000 libras (entre 23.000 y 45.000 euros) a toda persona que “imprima, publique, retransmita o difunda de cualquier manera las preguntas y respuestas de exámenes”, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Educación del que se ha hecho eco el diario Ahram on line. Estas penas se impondrán tanto si la infracción se comete antes como durante las pruebas, dentro o fuera de las aulas, y no se limitarán a la selectividad.
En un país con un elevado paro juvenil y con más de un 40% de la población sobreviviendo con un máximo de dos dólares diarios, los estudiantes de secundaria padecen una fuerte presión antes de las pruebas de la zanawiya al-amma, que determinan el acceso a la universidad. Sus resultados pueden marcar de forma decisiva las vidas de muchos de los cerca de 500.000 alumnos que se someten a ellas cada año. Por eso, es comprensible la enorme indignación que suscitó entre la población la filtración de las respuestas correctas el año pasado, y la decisión del Estado de endurecer los castigos como medida disuasoria
Ahora bien, la imposición de largas condenas de prisión parece excesiva. Probablemente, el despido de los funcionarios implicados y un aumento de las sanciones económicas habría sido suficiente para que los posibles futuros infractores se lo pensaran dos veces. Sin embargo, el recurso a la cárcel se ha convertido en un acto reflejo de la Administración en su trato con una ciudadanía percibida como rebelde, sobre todo después del golpe de Estado de 2013.
Actualmente, en Egipto, cualquiera que participe en una huelga, escriba una novela con algún pasaje erótico, convoque a una manifestación sin el permiso de las autoridades, critique al Gobierno a través de una canción colgada en las redes sociales, sea homosexual o simular un boda gay, o simplemente grabe un vídeo de mofa del Estado Islámico puede dar con sus huesos en la cárcel durante varios años. Así pues, no es de extrañar que en los últimos cuatro años el régimen del mariscal Abdelfatá al Sisi haya tenido que construir 16 nuevas cárceles para contener la explosión de la población penitenciaria, que según World Prison Brief asciende ya a más de 106.000 personas. En 2011, había poco más de la mitad.
En una entrevista reciente, el influyente político tunecino Rached Ghannouchi apuntaba con ironía que “mientras en Túnez, el Estado tiene un Ejército, en Egipto, el Ejército tiene un Estado”. Su comentario recuerda a un lema que gritaban años atrás los manifestantes en Tahrir contrarios a la presencia de las Fuerzas Armadas en la escena política del país: “Egipto es un país, no una caserna!”. Al paso que vamos, pronto se podrá gritar: “Egipto es un país, no una cárcel” … lo que, sin duda, será motivo de arresto inmediato.
