Cada año 520.000 menores sufren una agresión sexual en México. Según los datos recogidos en un informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en nueve de cada 10 casos la violencia se ejerce contra una mujer. Citlali, una joven indígena de 13 años, denunció el pasado 16 de mayo haber sido violada por un compañero de trabajo de su padre. Aquel lunes la muchacha, que vive en una comunidad de bajos recursos en el norteño estado de Sonora, no había ido a clases porque las escuelas del país celebraban el día del maestro. El hombre llegó a la vivienda cuando se encontraba sola y abusó de ella.
Unas horas después, acompañada de sus hermanos, la menor acudió a la comisaría. Los exámenes certificaron la violencia física y el daño psicológico, por lo que el ministerio público imputó al agresor por el delito de violación agravada. Según ha denunciado, en ningún momento las autoridades le ofrecieron la pastilla anticonceptiva de emergencia o un tratamiento para evitar las infecciones de transmisión sexual. Tampoco le informaron de su derecho a interrumpir el embarazo en caso de que este ocurriera. En todo México el aborto está permitido en caso de violación, sin embargo, el juez que recibió el caso reclasificó el delito como estupro -lo que significa que la joven, engañada, habría dado su consentimiento-, y las autoridades de salud estatales le niegan ahora el acceso al servicio. Al cierre de esta edición la Secretaria de Salud de Sonora no había ofrecido ningún comentario al respecto.
“Para fines de investigación es importante, pero para acceder a la interrupción legal del embarazo no. Ella fue víctima de una agresión sexual, y como tal, es irrelevante lo que el juez estime como delito penal. No hay impedimento legal para que las autoridades la apoyen”, argumenta Regina Tamés, presidenta de la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida, que asesora a Citlali. La dirigente de GIRE explica que la Norma mexicana 046 sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres “no establece la obligación de denunciar la agresión sexual para poder acceder al aborto legal por violación” desde la última reforma aprobada el 23 de marzo de este año. Pero el caso de Citlali no es aislado. Aunque las organizaciones sociales evitan exponer en los medios las denuncias que atañen a menores, en 2016 GIRE ha trabajado ya en otros cinco casos de niñas cuyo embarazo es producto de una violación.
El país norteamericano ocupa hoy el primer puesto de la OCDE por los altos índices de abuso sexual, violencia y homicidios contra menores de 14 años La mayoría de los casos de violencia sexual se ejercen contra niñas por parte de familiares cercanos, como hermanos, padres y abuelos o personas próximas al círculo familiar. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes señala que “el grupo de edad de 10 a 14 años también reviste especial interés por (…) la probabilidad de que la mayoría de la concepción en niñas de 10 a 14 esté vinculada con abuso o violencia sexual”. Los embarazos a temprana edad también representan riesgos de salud para la madre y alto riesgo de muerte para el bebé
