Ciudad de México (SinEmbargo).–El viernes pasado en San Juan del Río, Quintana Roo, Tomás Zerón de Lucio reapareció al lado de Arely Gómez González, Procuradora General de la República, en un evento sobre derechos humanos, luego de los señalamientos sobre tortura y de evidencia que reveló el expediente del caso Ayotzinapa realizado por el Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar de que es cuestionado por organismos internacionales y nacionales por las serias irregularidades en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en ese evento Zerón de Lucio habló de principios de certeza, legalidad, eficiencia, imparcialidad, honradez y respeto a los derechos humanos que rigen a la Procuraduría General de la República (PGR).
No es la primera vez que sale airoso de cuestionamientos sobre su proceder profesional.
En 2007 fue cesado por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, junto con otros cinco mandos, debido a que se le salió de las manos un ataque de sicarios en Cananea, Sonora, en donde murieron 22 personas.
Ocho años después de aquel operativo fallido, tiene en sus manos el principal el Caso Iguala, el caso más criticado de seguridad del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Tomás Zerón de Lucio es una pieza clave en la seguridad nacional, a cargo de la dirección de la recién creada Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR. De acuerdo con Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, es quien tuvo y tiene el manejo de los hilos de la investigación que gira alrededor de la llamada “verdad histórica” que construyó junto al ex Procurador General de la República, el priista Jesús Murillo Karam.
“Lo que sabemos es que es el hombre de las confianzas del Presidente de la República y es la parte dura, la que toma las decisiones importantes, trascendentales, en los casos de impacto que lleva la PGR. Es esa persona y es uno de lo principales artífices de la ‘verdad histórica’ que fue respaldada por el Gobierno de Peña Nieto”, dice Vidulfo Rosales en entrevista con SinEmbargo.
El abogado asegura que fue Tomás Zerón quien se encargó de enturbiar y tensar la relación entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno mexicano.
El experto Carlos Beristain refirió que lo anterior quedó capturado por fotoperiodistas. Dijo que entre la evidencia recolectada el 28 de octubre había huesos, los cuales se desconocen si son de animales o humanos, de los cuales se desconoce su destino. Explicó que ese mismo día ocurrió confrontación entre los peritos de la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por que no se permitió el acceso de estos últimos a la zona cercana al Río San Juan.
Tres días después Zerón de Lucio dio su versión de los hechos y aseguró que su visita al Río San Juan fue para auxiliar los actos de investigación del Ministerio Público y que estuvo sustentada legalmente. Además acusó que el video mostrado por el GIEI sobre su visita a la zona tenía varios errores en fechas y horas, y presentó su propia grabación de su recorrido ese día en la zona.
El funcionario federal precisó las actividades que realizó ese día en la zona del Río San Juan y dijo que el 28 de octubre de 2014 se dirigió a Cocula para verificar lo declarado por el implicado Agustín García Reyes, quien dijo que los normalistas habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al Río.
La investigación que lidera Zerón también está inundada de posibles malos tratos y tortura a los inculpados, principalmente a los quienes sustentan la verdad histórica.
“En el estudio de evaluación del conjunto de informes médicos de lesiones en personas detenidas en la AP-001/2015 presentado en el Informe se señaló que de los 80 detenidos en ese momento, un 77 por ciento mostraban lesiones y frecuentemente cuadros de policontusión con lesiones traumáticas de distinta intensidad y localización. Según ese estudio, basado en los informes médicos realizados por personal de PGR, Marina y Ceferesos [Centros Federales de Readaptación Social], el análisis de las descripciones de las lesiones en el caso que nos ocupa deberían haber sido más detalladas tal y como se recomienda en la práctica forense y protocolos especializados de evaluación de posibles malos tratos y torturas. Por ejemplo, la descripción de las lesiones de la piel no recoge de forma adecuada sus características ni existe un esquema corporal de las lesiones ni el imprescindible registro fotográfico. Los reconocimientos médicos de los detenidos fueron muy deficientes e insuficientes para una investigación eficaz de posibles malos tratos que pudieran ser aludidos por estas personas”, establecieron los expertos en su último informe sobre el caso.
Carlos Beristain –quien atendió casos de desapariciones en Colombia– explicó que se analizó la situación médica conforme al expediente de 17 detenidos, entre ellos de los cinco inculpados que sostienen la versión del basurero de Cocula, es decir la “verdad histórica” del ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam.
Los expertos analizaron las lesiones de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, y a los inculpados que cuyas confesiones dieron origen a la incineración de los 43 estudiantes en el Basurero de Cocula. Las tres declaraciones en las que se basa la “verdad histórica” del ex Procurador Murillo Karam para sustentar que los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula y luego desechados en el Río San Juan, aparecen con lesiones e indicios de tortura.
