El diario estadounidense The New York Times dijo hoy, en su editorial de casa, que es más probable que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sea recordado como el que puso trabas a la rendición de cuentas que como un transformador.
El periódico exhorta al gobierno a dar acceso a los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) a los militares que estuvieron cerca de la escena del crimen de Iguala, el 26 de septiembre de 2014.
“Cuando hizo campaña para la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto utilizó el título de su libro, México, la Gran Esperanza, para explicar el registro que esperaba lograr y la Nación que esperaba construir. Más de tres años después en la Presidencia, parece más probable que no sea recordado como el líder transformador que los mexicanos pensaron que habían elegido, sino como un político que le dio la vuelta a la rendición de cuentas en cada paso”, dice el diario.
Bajo el mando de Peña Nieto, agrega, “el Gobierno mexicano rápida y sistemáticamente ha pintado de blanco verdades horribles y resta importancia a los escándalos”.
“Después de que periodistas mexicanos revelaron que un contratista del gobierno había puesto a disposición de Peña Nieto y su esposa una casa lujosa, el Presidente nombró a un amigo para investigar el asunto. No es sorprendente que la investigación no encontrara ninguna evidencia de mala conducta del Presidente. Los periodistas, a pesar de sus informes meticulosos e inimputables, perdieron sus puestos de trabajo”, recuerda The New York Times sobre el caso de Carmen Aristegui y su equipo.
El diario dice que “cuando el más poderoso capo de la droga del país, Joaquín Guzmán Loera, escapó de la cárcel en julio, los mexicanos eran justamente escéptico sobre la versión oficial, sobre todo porque era la segunda fuga de Guzmán. El Gobierno afirmó que el señor Guzmán se había deslizado a través de un túnel que él y sus cómplices cavaron sin el conocimiento de los funcionarios de prisiones, descartando la posibilidad de que tuviera ayuda desde el interior. Aunque algunos funcionarios fueron detenidos como resultado de la fuga de la prisión, el gobierno aún tiene que explicar plenamente el lapsus”.
“Más preocupante es el esfuerzo fallido del gobierno en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 204, que parecen haber sido masacrados en el estado rural de Guerrero. El gobierno afirmó que los estudiantes fueron ejecutados e incinerados por miembros de una banda de narcotraficantes. Un informe preliminar emitido por un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre, citando imágenes satelitales, dijo que era improbable que los cuerpos hubieran sido incinerados”, señala.
“Añadiendo al escepticismo público, el gobierno ha rechazado las solicitudes repetidas para permitir que el equipo internacional entreviste a personal militar estacionado cerca del lugar de la desaparición”.
El Times concluye: “No es demasiado tarde para que el gobierno reconozca que echó a perder su investigación, y para que dé a los investigadores internacionales acceso sin restricciones a personal gubernamental. Eso puede ser muy poco para salvar la reputación del señor Peña Nieto. Pero es lo menos que puede hacer por las víctimas de una de las peores atrocidades contra los derechos humanos del México reciente”.
