Por Sandra Rodríguez Nieto www.sinembargo.mx
Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Una de las primeras acciones de Jesús Murillo Karam como Procurador General de la República fue cuestionar la fiabilidad del programa de testigos protegidos. Era diciembre de 2012, a menos de un mes del inicio del nuevo sexenio, cuando medios nacionales empezaron a reportar que el nuevo Fiscal priista desestimaba, sobre todo, los testimonios de las averiguaciones iniciadas en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) contra los ex gobernadores tamaulipecos Tomás Yárrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores por presunta protección al narcotráfico
En Estados Unidos, sin embargo, las investigaciones estaban tan avanzadas que el Gobierno federal confiscó ese mismo mes de diciembre un lujoso condominio ubicado en la parte sur de Isla del Padre, Texas, propiedad de Yárrington Ruvalcaba y sospechoso haber sido adquirido en una operación de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
En mayo siguiente, un Juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, formuló el expediente B-12–435–S1 y acusó formalmente al ex mandatario de haber recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998, cuando era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del estado y el dinero le llegaba, dice la acusación oficial, “a través de la Policía Estatal” del entonces Gobernador Manuel Cavazos Lerma, también priista y hoy Senador de la República.
Eugenio Hernández Flores, por su parte, fue acusado por lavado de dinero el pasado 27 de mayo, cuando el Juzgado federal con sede en Corpus Christi, Texas, lo señaló en el expediente C–14–178–S como probable responsable de “transferir, transmitir y tratar de trasmitir instrumentos y fondos relacionados con el producto de actividades ilícitas”.
La persecución en Estados Unidos, sin embargo, ha contrastado desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto con la inacción de la PGR, que tiene pendiente ejecutar una orden de aprehensión contra Yárrington desde el 27 de febrero de 2014, cuando la justicia federal le negó al ex mandatario un amparo.
En el caso de “Geño” Hernández Flores, las acusaciones de Estados Unidos difieren en México, además, con la exhibición de su protección política. Ni aun el anuncio difundido el pasado 19 de junio por el Buró Federal de Investigación norteamericano (FBI), que busca asegurarle 30 millones de dólares y cuatro propiedades, parece preocuparle. Al contrario. Sentado en primera fila en el Centro de Convenciones de Tampico el pasado 18 de noviembre, durante el Quinto Informe del Gobernador Egidio Torre Cantú, el político acusado en Estados Unidos de lavado de recursos de procedencia ilícita recibió del actual mandatario priista un agradecimiento público por su presencia
Aprecio mucho que me acompañen los ex Gobernadores de nuestro estado”, dijo Torre Cantú desde el podio en alusión a Cavazos Lerma y Hernández Flores. “’Geño’, como siempre”, agregó el Gobernador.
Sonriente, ubicado entre el Gobernador poblano Rafael Moreno Valle y Cavazos Lerma, Hernández Flores se levantó de su asiento y, con el brazo en señal de agradecimiento, correspondió el saludo del titular del Ejecutivo local
Tamaulipas ha sido uno de los estados de la República con mayores consecuencias por la presencia del crimen organizado. Secuestros masivos, homicidios, desapariciones, extorsiones, decapitaciones, balaceras e incluso la detonación de explosivos han hecho víctimas a miles de habitantes de aquella región desde hace más de una década. Los hallazgos de fosas clandestinas con cientos de cuerpos de migrantes latinoamericanos y la violencia contra quienes reportan los hechos, además, son otros de sus rasgos criminales característicos.
Es, también, el único estado de la república que tiene a dos de sus tres últimos gobernadores públicamente buscados por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.
Y es precisamente ese grado de complicidad entre la élite política y el crimen organizado, dice el Senador panista por Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la primera explicación del grado de control alcanzado por la delincuencia sobre la población en el estado.
“En Tamaulipas se generó el crimen-político-organizado”, dice el también secretario de la Comisión de Marina y nuevo presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado.
“Es importante entender por qué Tamaulipas tiene estos indicadores; ¿por casualidad? No, es por todo esto, porque históricamente ha pasado todo esto, y lo han dejado crecer y crecer”, agrega el también ex Alcalde de Reynosa y precandidato panista al Gobierno tamaulipeco.
En entrevista, García asegura que, aparte de los sobornos que señala Estados Unidos, durante el Gobierno de Hernández Flores se produjo una “fusión de estructuras” entre la delincuencia organizada y las instituciones oficiales, sobre todo a partir de 2007, cuando para ganar la elección intermedia, afirma, el Ejecutivo recurrió al crimen para atacar e intimidar a los opositores.
Así, reportaron García y otros panistas en una denuncia de hechos recibida el 16 de octubre de ese 2007 en la Procuraduría General de la República (PGR), hombres armados se acercaron al personal de la entonces Senadora Lázara Nelly González, en Ciudad Victoria, para advertirle que le “bajara” a las declaraciones en las que pedía a Hernández Flores no intervenir en las elecciones. En Reynosa, agrega la querella, hombres armados abordaron al entonces candidato panista Gerardo Peña Flores, le exigieron salir de la contienda de la alcaldía y le advirtieron que “le tocaba ganar al PRI, que era un aviso”.
Y también en ese contexto, el 29 de noviembre, fue asesinado el candidato petista Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, derrotado en la elección por la Alcaldía de Río Bravo y cuyo resultado buscaba impugnar.
“Fue tal la desesperación de ‘Geño’ que recurrió a éstos, compartieron estructuras y surge el ‘crimen político organizado’. En 2008 y 2009, ya veíamos que esta gente no sólo pedía derecho de piso, sino también obras públicas, proveedurías”, dice García.
En 2010, Los Zetas se escinden del Cartel del Golfo y, en plena campaña por la gubernatura, se registra el homicidio del candidato priista Rodolfo Torre Cantú. “Cuando se da esto, es ‘con melón o con sandía’, y yo digo ‘se fue con melón, y reaccionó sandía’; ambos protegidos por el sistema político. Hubo alguien en el sistema a quien no convino. Fue un tema político. Nadie del PRI en Tamaulipas exige justicia por el asesinato porque hay una clase política metida ahí; llegaron con compromisos”, asegura.
De acuerdo con los documentos del Gobierno norteamericano, existe evidencia de que el crimen organizado ha financiado las campañas políticas de Tamaulipas desde hace casi dos décadas. La acusación contra Yárrington Ruvalcaba señala que desde 1998 y “de manera regular”, tanto el Cartel del Golfo como su entonces brazo armado, Los Zetas, destinaron grandes sumas de dinero para pagar la protección de sus negocios ilícitos no sólo al ex mandatario priista, sino a una vasta red de políticos y funcionarios de alto nivel, candidatos e incluso miembros del Poder Judicial.
“Con el fin de continuar con sus negocios ilegales, los integrantes del Cartel del Golfo usaron parte de sus ganancias ilegales para pagar grandes sobornos a funcionarios electos de alto nivel, así como a candidatos, de manera regular. El propósito de tales sobornos era permitir a los integrantes del Cartel del Golfo continuar con sus actividades ilegales con poca o nula interferencia de las autoridades policiacas en el Estado de Tamaulipas”, dice la acusación.
“Los sobornos fueron pagados directamente a funcionarios corruptos en cargos de elección de alto nivel, a sus aliados, candidatos corruptos para cargos de elección de alto nivel, autoridades policiacas y personas del sector judicial del Estado de Tamaulipas. Las fuentes de tales pagos incluyen las ganancias de las actividades criminales del Cartel de Golfo, sus aliados y sus asociados”, agrega el documento.
De manera oficial, el Gobierno de Estados Unidos ha acusado a Yárrington, a Hernández Flores, a un cuñado de éste –Oscar Gómez Guerra– y a otros de sus presuntos prestanombres.
En Estados Unidos, sin embargo, las investigaciones estaban tan avanzadas que el Gobierno federal confiscó ese mismo mes de diciembre un lujoso condominio ubicado en la parte sur de Isla del Padre, Texas, propiedad de Yárrington Ruvalcaba y sospechoso haber sido adquirido en una operación de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
En mayo siguiente, un Juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, formuló el expediente B-12–435–S1 y acusó formalmente al ex mandatario de haber recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998, cuando era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del estado y el dinero le llegaba, dice la acusación oficial, “a través de la Policía Estatal” del entonces Gobernador Manuel Cavazos Lerma, también priista y hoy Senador de la República.
Eugenio Hernández Flores, por su parte, fue acusado por lavado de dinero el pasado 27 de mayo, cuando el Juzgado federal con sede en Corpus Christi, Texas, lo señaló en el expediente C–14–178–S como probable responsable de “transferir, transmitir y tratar de trasmitir instrumentos y fondos relacionados con el producto de actividades ilícitas”.
La persecución en Estados Unidos, sin embargo, ha contrastado desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto con la inacción de la PGR, que tiene pendiente ejecutar una orden de aprehensión contra Yárrington desde el 27 de febrero de 2014, cuando la justicia federal le negó al ex mandatario un amparo.
En el caso de “Geño” Hernández Flores, las acusaciones de Estados Unidos difieren en México, además, con la exhibición de su protección política. Ni aun el anuncio difundido el pasado 19 de junio por el Buró Federal de Investigación norteamericano (FBI), que busca asegurarle 30 millones de dólares y cuatro propiedades, parece preocuparle. Al contrario. Sentado en primera fila en el Centro de Convenciones de Tampico el pasado 18 de noviembre, durante el Quinto Informe del Gobernador Egidio Torre Cantú, el político acusado en Estados Unidos de lavado de recursos de procedencia ilícita recibió del actual mandatario priista un agradecimiento público por su presencia
Aprecio mucho que me acompañen los ex Gobernadores de nuestro estado”, dijo Torre Cantú desde el podio en alusión a Cavazos Lerma y Hernández Flores. “’Geño’, como siempre”, agregó el Gobernador.
Sonriente, ubicado entre el Gobernador poblano Rafael Moreno Valle y Cavazos Lerma, Hernández Flores se levantó de su asiento y, con el brazo en señal de agradecimiento, correspondió el saludo del titular del Ejecutivo local
Tamaulipas ha sido uno de los estados de la República con mayores consecuencias por la presencia del crimen organizado. Secuestros masivos, homicidios, desapariciones, extorsiones, decapitaciones, balaceras e incluso la detonación de explosivos han hecho víctimas a miles de habitantes de aquella región desde hace más de una década. Los hallazgos de fosas clandestinas con cientos de cuerpos de migrantes latinoamericanos y la violencia contra quienes reportan los hechos, además, son otros de sus rasgos criminales característicos.
Es, también, el único estado de la república que tiene a dos de sus tres últimos gobernadores públicamente buscados por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.
Y es precisamente ese grado de complicidad entre la élite política y el crimen organizado, dice el Senador panista por Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la primera explicación del grado de control alcanzado por la delincuencia sobre la población en el estado.
“En Tamaulipas se generó el crimen-político-organizado”, dice el también secretario de la Comisión de Marina y nuevo presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado.
“Es importante entender por qué Tamaulipas tiene estos indicadores; ¿por casualidad? No, es por todo esto, porque históricamente ha pasado todo esto, y lo han dejado crecer y crecer”, agrega el también ex Alcalde de Reynosa y precandidato panista al Gobierno tamaulipeco.
En entrevista, García asegura que, aparte de los sobornos que señala Estados Unidos, durante el Gobierno de Hernández Flores se produjo una “fusión de estructuras” entre la delincuencia organizada y las instituciones oficiales, sobre todo a partir de 2007, cuando para ganar la elección intermedia, afirma, el Ejecutivo recurrió al crimen para atacar e intimidar a los opositores.
Así, reportaron García y otros panistas en una denuncia de hechos recibida el 16 de octubre de ese 2007 en la Procuraduría General de la República (PGR), hombres armados se acercaron al personal de la entonces Senadora Lázara Nelly González, en Ciudad Victoria, para advertirle que le “bajara” a las declaraciones en las que pedía a Hernández Flores no intervenir en las elecciones. En Reynosa, agrega la querella, hombres armados abordaron al entonces candidato panista Gerardo Peña Flores, le exigieron salir de la contienda de la alcaldía y le advirtieron que “le tocaba ganar al PRI, que era un aviso”.
Y también en ese contexto, el 29 de noviembre, fue asesinado el candidato petista Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, derrotado en la elección por la Alcaldía de Río Bravo y cuyo resultado buscaba impugnar.
“Fue tal la desesperación de ‘Geño’ que recurrió a éstos, compartieron estructuras y surge el ‘crimen político organizado’. En 2008 y 2009, ya veíamos que esta gente no sólo pedía derecho de piso, sino también obras públicas, proveedurías”, dice García.
En 2010, Los Zetas se escinden del Cartel del Golfo y, en plena campaña por la gubernatura, se registra el homicidio del candidato priista Rodolfo Torre Cantú. “Cuando se da esto, es ‘con melón o con sandía’, y yo digo ‘se fue con melón, y reaccionó sandía’; ambos protegidos por el sistema político. Hubo alguien en el sistema a quien no convino. Fue un tema político. Nadie del PRI en Tamaulipas exige justicia por el asesinato porque hay una clase política metida ahí; llegaron con compromisos”, asegura.
De acuerdo con los documentos del Gobierno norteamericano, existe evidencia de que el crimen organizado ha financiado las campañas políticas de Tamaulipas desde hace casi dos décadas. La acusación contra Yárrington Ruvalcaba señala que desde 1998 y “de manera regular”, tanto el Cartel del Golfo como su entonces brazo armado, Los Zetas, destinaron grandes sumas de dinero para pagar la protección de sus negocios ilícitos no sólo al ex mandatario priista, sino a una vasta red de políticos y funcionarios de alto nivel, candidatos e incluso miembros del Poder Judicial.
“Con el fin de continuar con sus negocios ilegales, los integrantes del Cartel del Golfo usaron parte de sus ganancias ilegales para pagar grandes sobornos a funcionarios electos de alto nivel, así como a candidatos, de manera regular. El propósito de tales sobornos era permitir a los integrantes del Cartel del Golfo continuar con sus actividades ilegales con poca o nula interferencia de las autoridades policiacas en el Estado de Tamaulipas”, dice la acusación.
“Los sobornos fueron pagados directamente a funcionarios corruptos en cargos de elección de alto nivel, a sus aliados, candidatos corruptos para cargos de elección de alto nivel, autoridades policiacas y personas del sector judicial del Estado de Tamaulipas. Las fuentes de tales pagos incluyen las ganancias de las actividades criminales del Cartel de Golfo, sus aliados y sus asociados”, agrega el documento.
De manera oficial, el Gobierno de Estados Unidos ha acusado a Yárrington, a Hernández Flores, a un cuñado de éste –Oscar Gómez Guerra– y a otros de sus presuntos prestanombres.
