Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
Esa fue la primera de las cuatro conclusiones a las que llegó el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Ernesto Méndez, tras la visita que realizó entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 a México. El documento fue presentado el pasado 9 de marzo y dio inicio a una embestida desde el Gobierno de México protagonizada desde distintos frentes en la que incluso participó el entonces Canciller José Antonio Meade Kuribreña.
El Embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, fue el primero en responder al informe. A horas de que el documento fuera dado a conocer, el diplomático dijo que se traba de una “falacia” que “no corresponde con la realidad”. Meade Kuribreña, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se quedó atrás y el mismo dijo que el Relator Juan Méndez “sólo aportó información de 14 casos de los cuales de 13 ya se le presentaron avances significativos para su atención”.
Luego, el 26 de marzo cuando el tema parecía zanjado, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, y ahora futuro Embajador en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, calificó de “no profesional y poco ético” el informe del Relator.
El Relator de la ONU se dijo sorprendido por el ataque hacia su persona orquestado por funcionarios mexicanos del más alto nivel. Mendez envió una carta al Representante de México en Ginebra, Jorge Lomónaco, en la que consideró que existía un ataque hacia su persona por parte del gobierno de México. El documento decía:
Si bien el Gobierno de Enrique Peña Nieto dijo que no impediría a Méndez una nueva visita, pero señaló que estaba valorando “la fecha más conveniente” para ello, si bien descartó que fuera este mismo año e incluso el siguiente por otros compromisos del argentino
Nancy López, directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explicó a la agencia española Efe el motivo por el cuál el uso del término “generalizada” causó tanta molestia en el gobierno de México. Dijo que en el artículo 7 del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), estipula que “un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil y con conocimiento” podría ser considerado “un crimen de lesa humanidad”.
López dijo que el caso podría ser atraído por la fiscalía de la CPI y abrir así una investigación contra el Estado mexicano. “El tema ‘generalizado’ en violaciones a derechos humanos tan específicas como la tortura”, por la forma en que lo describe el relator en su informe, “parece indicar o da elementos suficientes para poder caracterizar lo que él describe como crímenes de lesa humanidad”, añadió.
La CMPDH es una organización que cuenta con estatus consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas. La agrupación llevó ante el Comité de Tortura de la ONU un caso de tortura contra cuatro personas en el que estuvieron implicados elementos del Ejército Mexicano. Sobre esta agresión ocurrida en Baja California en junio de 2009 el Comité de la ONU condenó en octubre de este año que el Estado mexicano y le exigió la liberación de las víctimas.
El caso de Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez fue el analizado por el Comité de la ONU. Los cuatro fueron detenidos el 16 de junio en Playas de Rosarito como principales sospechosos de un secuestro.
Durante su arresto, traslado y arraigo en las instalaciones militares del 28 Batallón de Infantería fueron sometidos repetidas veces a actos de tortura y malos tratos, incluyendo golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte con el fin de forzarlos a autoinculparse de los delitos de secuestro y posesión de armas.
Los organismos que llevaron el caso ante el Comité de Tortura de la ONU dijeron que se trató de la primera ocasión en que el Comité contra la Tortura declara la responsabilidad de un Estado parte por no haber atendido satisfactoriamente la solicitud de medidas provisionales para evitar daños irreparables, al no ofrecer el tratamiento médico especializado a una de las víctimas
El mismo mes de las conclusiones del Comité contra la Tortura de la ONU, la organización Amnistía Internacional difundió un amplio análisis en el que alertó por los “niveles catastróficos” que ha alcanzado la “epidemia” de tortura en México.
“Hace un año, hubiera sido difícil imaginar que la crisis de tortura en México podría haberse empeorado aún más y ahora vemos que eso es exactamente lo que ha pasado mientras el gobierno continúa ignorando una crisis que ellos mismos crearon”, dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el análisis titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria”, Amnistía dijo que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en todo el país son inexactos, contradictorios e incompletos”. La organización internacional también lamentó que a un año de la publicación de su informe “Tortura y otros malos tratos en México”, esta agresión persiste en el país, y el número de denuncias recibidas por las autoridades federales ha ido en aumento.
Amnistía mencionó que el número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014, al pasar de mil 165 a 2 mil 403, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Procuraduría dijo al organismo defensor de derechos humanos que no cuenta con “una cifra dura” sobre el número de cargos presentados durante 2014 contra los responsables. “A pesar del marcado aumento en el número de denuncias de tortura y otros malos tratos, la cantidad de posibles víctimas que fueron examinadas por expertos forenses oficiales bajó en 2014. La PGR tiene 1 mil 600 pedidos de exámenes forenses pendientes”, informó la organización.
De 2006 a la fecha el Gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones de parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, la mayoría por tortura y tratos crueles, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”.
No obstante, el cumplimiento de un número considerable de estas recomendaciones continúa pendiente. Por ejemplo, de 12 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2000 y 2013, el 50 por ciento aún no han sido atendidas. “Más allá de los pendientes, lo preocupante es que a pesar de las acciones formales que ha tomado el Estado mexicano –ratificación de tratados, aceptación de la competencia de organismos como la Corte Interamericana y reformas legales– los efectos no han sido los esperados. Por ello, es momento de replantear los mecanismos de solución”, estableció la organización.
Es en este contexto que el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) realizará una visita a México durante la segunda mitad del próximo año. Según el mandato del SPT, sus miembros pueden hacer visitas no anunciadas a lugares donde haya personas privadas de su libertad, incluyendo prisiones, estaciones de policía y hospitales psiquiátricos.
En tanto, en México, el Senado recibió el pasado 15 de diciembre, último día del periodo legislativo, las iniciativas de la Ley General en materia de Tortura y la Ley de Delitos de Desaparición Forzada, enviadas por el Presidente Enrique Peña Nieto. Ese día, la Senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, que el Ejecutivo no consideró la velocidad con la que debería ser avalada esta ley, ya que no se contempló un presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2016.
