Ciudad de México a 16 de diciembre (SinEmbargo).– El Distrito Federal, en 2015, dejó de ser, al menos en apariencia, la ciudad en la que se refugiaban desde periodistas amenazados de muerte, hasta desplazados de distintos estados en donde vivir con la violencia cotidiana, resultaba difícil. Este año, los cárteles del narcotráfico le hicieron saber al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que no sólo operaban en la ciudad, sino que peleaban por la plaza, mataban, ejecutaban y dejaban mensajes en los cuerpos de los muertos, como ocurre en Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, y cualquiera de esas entidades golpeadas por el crimen organizado.
Fue en octubre cuando el Distrito Federal despertó con un cuerpo colgando de un puente en Iztapalapa y un mensaje claro para Mancera, quien negó la presencia de cárteles del narco desde que era Procurador capitalino.
¿No hay cárteles en el Distrito Federal? Ese mes, tres hechos hicieron evidente lo que Miguel Ángel Mancera negó por años desde que era Procurador capitalino.
El 19 de octubre, el cuerpo de un hombre fue hallado colgado en el puente vehicular de La Concordia, en la Delegación Iztapalapa. La víctima estaba sostenido con una soga al nivel del tórax y presentaba dos disparos de arma de fuego en la cabeza.
Los cadáveres colgados en puentes son una práctica común en estados como Tamaulipas, Sinaloa o Chihuahua, donde el crimen organizado sostiene una guerra con otros cárteles y con el Estado mexicano. Hasta ese día, no había reportes de que estas prácticas se cometieran en la capital.
Al día siguiente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encontró otro cuerpo sin vida dentro de un tambo y con signos de tortura en las calles de la misma demarcación.
A unas horas de estos hechos, un hombre fue ejecutado en la Unidad Habitacional Ignacio Zaragoza en Iztapalapa. El grupo criminal “Gente Nueva del Avispa” dejó un mensaje dirigido al Jefe de Gobierno capitalino, que de manera textual decía:
Un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), dado a conocer en julio pasado, identificó la presencia de ocho cárteles en la capital del país.
“Los Zetas, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva, Golfo, Juárez, La Familia y Los Caballeros Templarios”, son los grupos que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, tienen presencia en el Distrito Federal.
En respuesta a este informe, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera rechazó la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. En conferencia de prensa en septiembre pasado dijo:
“Aquí nosotros podemos estar seguros de cómo se está trabajando, es decir, de todo el esfuerzo que se está haciendo. Y yo te diría que aquí se han dado capturas de no de cuatro carteles, yo creo que de más. Es decir, las capturas, los seguimientos, que no quiere decir que estén establecidos, eso es siempre lo que discutimos, porque lo que ustedes me preguntan es: ¿Están establecidos? Yo siempre les voy a decir lo mismo, no dicho por mí, pues ustedes revisen las declaraciones que han hecho los capos cuando los capturan, y una de las preguntas recurrentes que les hacen es: ¿Estaban establecidos en la Ciudad de México?, y ellos mismos dicen que operativamente no les resulta compatible”.
UNA BALA EN EL CORAZÓN
Una semana antes de que apareciera el hombre colgando del puente vehicular, comerciantes y empresarios denunciaron la presencia de al menos siete grupos del crimen organizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, Guillermo Gazal, presidente de Procentrhico, quien estuvo acompañado de Jesús González Schmall, titular de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), dijo que estas agrupaciones criminales se dedican a extorsionar, robar y matar.
Tal fue la resistencia de Mancera a reconocer el problema de la inseguridad en el Distrito Federal que en los recientes cambios que hizo a su gabinete dejó intactas a las instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Los primeros síntomas de que el Distrito Federal no era una ciudad tan segura, como se creía, ocurrieron cuando desaparecieron 12 jóvenes de en el bar Heaven, en la Zona Rosa, en 2013, una de las más vigiladas de la ciudad, parecía estar “blindado” ante los enfrentamientos, asesinatos y secuestros del crimen organizado en el resto de las entidades.
Antes de los ejecutados y colgados en el puente de Iztapalapa, en julio, un escándalo sacudió a Mancera luego de que el periódico Reforma publicara, a raíz de la ejecución de Marco Antonio Cardona Utrilla, dueño del bar Life, ubicado en la colonia Condesa, que los restauranteros de la zona eran extorsionados.
El rotativo publicó que existía una red de extorsión en donde les cobran entre cinco y 10 mil pesos a los dueños de los establecimientos, a cambio de no hacerles daños a ellos y a sus familiares.
Virgilio Bravo Peralta, director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje (CENCA) del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia (IIEDJ), afirmó que Seguridad Pública y todos los niveles de la impartición de justicia en la ciudad, estaban reprobados.
“Lo que sucede en la Condesa es escandaloso y negar que estas prácticas de la delincuencia organizada, como el cobro de derecho de piso existen, más. Hay una crisis en seguridad pública y se debe aceptar. Hay una cifra negra de ciudadanos que no denuncia, entonces se deben renovar las estructuras y al personal que toma decisiones en seguridad”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
Bravo Peralta recordó que Mancera no colocó entre sus estrategias de gobierno desde el inicio de su gestión, el combate a la delincuencia organizada en la ciudad.
“En seguridad están reprobada no sólo la Procuraduría: Mancera está reprobado, por ello nos gustarían ver acciones contundentes, porque si la situación no mejora, lo mejor que puede hacer Mancera es pedir una disculpa y la renuncia”, argumentó.
