Ciudad de México.- Mucho más que la demanda salarial que llevó a huelga a las preparatorias del Gobierno del Distrito Federal, el contrato colectivo en las prepas del DF representa un problema de verdadero fondo. Contraviniendo las leyes generales de Educación y del Servicio Profesional Docente (el núcleo de la reforma educativa), este contrato, que finalizará este año y cuya revisión no puede demorarse más allá de abril de 2016, permite actualmente una amplia injerencia del sindicato en la selección del personal académico y su promoción.
Se trata así, de una relación laboral al estilo de la que defiende la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que, entre otras cosas, permitió que el gremio magisterial definiera en la práctica el uso de plazas académicas.
La clave para entender esta dinámica es la Comisión Mixta paritaria entre sindicalizados y autoridades educativas en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMSDF), órgano administrativo que controla las preparatorias.
Según el contrato colectivo, las Comisiones Mixtas son órganos “establecidos en el presente Contrato e integrados por igual número de representantes del Instituto y del Sindicato”, lo que se vuelve especialmente relevante en la Comisión Mixta de Admisión y Promoción, que está encargado de procesar ingresos y ascensos escalafonarios dentro de la plantilla docente y administrativa del IEMSDF.
El contrato colectivo establece que una vacante “independientemente de su origen”, será cubierta a través de revisiones que pasan por la Comisión Mixta de Admisión y Promoción, partiendo de una convocatoria pública y “en todo caso se respetará la preferencia para el personal propuesto por el Sindicato respecto de quien no lo sea”.
El reglamento de esta comisión especifica que el candidato a una plaza de docente-tutor-investigador (perfil de los académicos en las prepas del GDF), debe cubrir los criterios académicos para poder ser considerado, aunque reitera la preferencia por el personal sindicalizado y sólo el acuerdo con los trabajadores permite contratar a alguien.
El reglamento de la Comisión hace explícito que son cuatro funcionarios y cuatro sindicalizados quienes definen ingresos y ascensos, y en sus manos queda el diseño y aplicación de los exámenes evaluatorios para comprobar que el candidato puede cubrir el puesto académico vacante.
Es justo ése el problema respecto a la Ley General de Servicio Profesional Docente, de aplicación obligada para todas las entidades federativas del país. Esta ley concede un papel mucho más discreto, de meros observadores, a los sindicatos: “Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados observarán en la realización de los concursos el cumplimiento de los principios que refiere esta Ley. La o las organizaciones sindicales reconocidas, para los efectos del ejercicio de sus funciones de atención laboral de sus agremiados, serán informadas del inicio de los procesos de Promoción y recibirán facilidades para la realización de tareas de observación”.
Este tema fue ya motivo de debates en las estructuras sindicales existentes en el IEMSDF. “Está en curso un golpe de mano”, señala Carlos Moncada, líder de una de las estructuras sindicales existentes en el Instituto, en una de sus circulares recientes. “A través de reventar las comisiones mixtas, inhabilitarlas, hacerlas inoperantes. La propuesta de la autoridad confirma lo que ya se estaba conociendo a cuentagotas hace meses, concederle dos espacios al Sindicato Independiente de trabajadores del Instituto de Educación Media Superior en las comisiones y en los hechos hacerlos parapetos de papel, lugar de pugnas y desencuentros”, concluye el documento.
Aun en el caso de que esta representación sindical se viera en minoría, la Ley General sólo concede el papel de observadores y no el voto para los sindicatos.
A LA VIEJA USANZA. El contrato imperante en el IEMSDF contiene además cláusulas de una añeja tradición sindical mexicana, como la herencia de la plaza en caso de defunción. Si se trata de un docente, el familiar debe cumplir un perfil, pero si no lo tiene y se es trabajador administrativo, el familiar debe ser contratado con una plaza de salario bajo. Aun en este último caso, hay afectación al presupuesto institucional para salarios.
Tratándose de labores docentes, resulta llamativo que exista una notable laxitud de los horarios laborales: en realidad la hora de entrada es 30 minutos después de la hora marcada oficialmente; entre los 31 y 60 minutos posteriores a la hora oficial de entrada se considera sólo retardo.
La puntualidad tiene su premio en el contrato: 6 días extras de asueto.
