–02 2 de agosto de 2026—
Desde hace décadas en México, incluso en los tiempos del partido único —el PRI—, los cárteles, los narcotraficantes o lo que hoy se denomina delincuencia organizada han metido la mano en las elecciones: algunas veces financiando campañas; otras, promoviendo candidatos o candidatas y, en los últimos años, llegando a la desfachatez de postular directamente a sus integrantes.
Los partidos —todos— han dejado de ruborizarse y, sin recato alguno, los nominan como sus abanderados.
En los últimos meses, la derecha prianista ha endurecido cínicamente su discurso y afirma, sin morderse la lengua, que Morena es un “narcopartido”; que en las elecciones de 2027 aparecerá en las boletas una buena cantidad de “narcocandidatos” y que el proceso electoral estará patrocinado por la delincuencia.
Por las circunstancias actuales y el entorno político del país, se antoja difícil que ese discurso de la derecha reaccionaria y de algunos medios y comunicadores afines al PRIAN se cumpla. Hoy existen muchos ojos vigilantes y acciones que dificultan que los partidos y los llamados señores del mal se conviertan en protagonistas políticos de esta elección que ya está en marcha.
Más aún después de que el gobierno de Donald Trump colocó sobre los cárteles de la droga en el mundo —con dedicatoria especial para México— la etiqueta de “narcoterroristas” y elaboró, incluso, una lista con nombres y apellidos de personajes y organizaciones dedicados a esta actividad ilícita.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara sobre este tema y ha pedido directamente a la dirigencia nacional de Morena que sea escrupulosamente cuidadosa en la selección de sus candidatos: “Nada ni nadie que huela a narco o huachicol puede abanderar la causa de la Cuarta Transformación”. Esa es la instrucción.
Además, se sabe que un equipo de analistas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Omar García Harfuch, pondrá por primera vez en su radar a quienes resulten seleccionados como candidatos o candidatas, no solo de Morena, sino de todos los partidos.
En algunas entidades gobernadas por la Cuarta Transformación, los fiscales estatales estarían participando en las “mesas políticas” que revisarán los perfiles de las personas aspirantes.
Por otro lado, hasta donde se sabe y debido a estas circunstancias, los señores del narco, al menos por esta ocasión, no tienen el menor interés en intervenir en la elección de 2027 y han decidido bajar el perfil y reducir su actividad delictiva.
Recientemente, un jefe de plaza de la frontera tamaulipeca sostuvo un encuentro con varios reporteros que cubren la “nota política”. De una manera caballerosa, algo que tampoco suele ser común, les pidió no involucrar en sus contenidos editoriales la presencia de bandas o grupos delincuenciales: “Ni nos mencionen ni volteen a vernos”.
De Tijuana a Matamoros, esa es la indicación.
En San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Durango hubo encargos similares; es decir, las bandas del crimen están tirando línea para que no se les considere ni se les relacione con partidos políticos o temas electorales.
Los escenarios están muy complicados y todos se encuentran bajo la mirada de los estadounidenses y de la propia justicia mexicana. De acuerdo con informes de inteligencia federal, entre los líderes de la delincuencia organizada del país existe un ambiente de preocupación, por lo que han decidido modificar sus operaciones delictivas. Más que nunca, el gobierno de Estados Unidos los ha colocado en su radar.
Hasta el 30 de junio de 2026, el Gabinete de Seguridad federal había detenido, durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, a más de 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto. De este total, 39 eran consideradas objetivos prioritarios y 178 de las personas capturadas habían sido entregadas a Estados Unidos mediante extradiciones, expulsiones o traslados especiales.
También fueron desmantelados 2 mil 600 laboratorios clandestinos destinados a la elaboración de metanfetaminas.
Nunca como ahora el combate a la delincuencia había presentado estos resultados. Tampoco la fuerza del Estado había logrado arrinconar y poner a temblar a líderes del crimen de esta manera.
De ahí que este sector de la delincuencia no quiera reflectores ni personas que lo incomoden durante el proceso electoral.
Ante este escenario, cualquier narrativa mediática que pretendan imponer los opositores al régimen podría quedar reducida a una escaramuza barata.
