Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Reynosa, Tamaulipas. – El movimiento social que busca la revocación de mandato del alcalde Carlos Peña, confirmó que demandarán penalmente al edil por señalar públicamente que detrás de las manifestaciones y recolección de firmas hay financiamiento de instituciones de gobierno e inclusive del crimen organizado.
La activista Leticia Larios, una de las promotoras del movimiento ciudadano calificó como “difamatorias y peligrosas” las declaraciones del presidente municipal, al considerar que buscan desacreditar un movimiento pacífico y legítimo que ha crecido por el hartazgo ciudadano ante la falta de resultados de su administración.
Y es que ayer, la primera autoridad declaró en rueda de prensa que: «Hay una campaña de denostación en contra de mi Administración. Cada semana es un tema nuevo, es una línea discursiva que ellos tienen. Están financiados desgraciadamente por instituciones de gobierno que se están prestando para eso».
En la rueda de prensa, el alcalde conocido como «Makito», aseguró que las manifestantes que piden su destitución, a unos, les están pagando 33 mil pesos, 40 mil pesos al mes. «Así cualquiera se pone a protestar».
Por ello, Leticia Larios, remarcó, que no van a permitir que el alcalde los difame de esa manera. «Estas declaraciones sólo buscan generar miedo entre la ciudadanía, pero no vamos a callarnos”, expresó la activista.
Añadió que este tipo de señalamientos infundados ponen en riesgo su integridad y la de quienes han participado en el levantamiento de firmas.
Y es que, desde hace varias semanas, ciudadanos de distintos sectores han salido a las calles para exigir transparencia, seguridad y mejores condiciones en los servicios públicos, así como la revocación del mandato del alcalde.
Las protestas han sido documentadas y respaldadas por cientos de firmas que buscan sustentar la petición formal ante las autoridades electorales.
Leticia Larios advirtió que recurrirá a instancias legales, no sólo para proteger su nombre, sino para enviar un mensaje claro de que el uso del poder para intimidar a la ciudadanía no será tolerado.
