Directivos de 10 medios regionales mexicanos y representantes de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) se reunieron con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR) para expresar sus inquietudes frente la crisis actual que vive el periodismo en los estados y dialogar acerca de las medidas anunciadas por el gobierno para atenderla.
Entre los asistentes participaron periodistas en algunos de los estados con mayor nivel de violencia contra medios de comunicación y expresaron su enojo por el alto nivel de vulnerabilidad y el estado de indefensión en el que operan en sus respectivos estados.
En la reunión se expuso que la crisis que los afecta es resultado no solo de la narcoviolencia que afecta muchos puntos del país, sino también de autoridades municipales y estatales que mantienen una relación de hostilidad frente a la prensa. Eso a pesar de la existencia del Mecanismo de Protección Federal a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y de varios organismos y protocolos existentes a nivel estatal.
Por parte de Gobernación asistieron el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, y Patricia Colchero, jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos. Por parte de la PGR asistió Sara Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Los funcionarios brindaron aclaraciones en cuanto a las medidas anunciadas el día 17 de mayo por el gobierno federal para atender la crisis de seguridad que afecta a la comunidad periodística en México y a su implementación.
La delegación dejó constancia de su profunda desconfianza por la creación de unidades a nivel estatal para fortalecer los esquemas de protección del Mecanismo a nivel federal, una de las medidas clave anunciadas.
“Los medios de provincia tienden a ser los más vulnerables en la crisis actual de violencia que atraviesa la prensa mexicana”, dijo Rodrigo Bonilla, Gerente para América Latina de WAN-IFRA. “Ven con mucho escepticismo la decisión de incorporar a las autoridades estatales en el trabajo de protección porque no solo estas han fallado sistemáticamente en su rol de impartición de justicia, sino que en reiteradas ocasiones han estado involucradas en los propios ataques a periodistas y a los medios”.
Los directivos puntualizaron la importancia de trabajar en la impartición de justicia sobre los crímenes ya cometidos. La tasa actual de impunidad sobre las agresiones a periodistas es cercana al cien por ciento, lo cual constituye la base del problema, ya que protege a los criminales, incitándolos a seguir atacando a la prensa.
La delegación reiteró la urgencia de invitar a los relatores de libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, con el fin de reunirse con todos los actores involucrados en esta crisis, evaluar de forma independiente el funcionamiento de los organismos de protección e fiscalías existentes a nivel federal y estatal y formular recomendaciones.
Resultado de una carta enviada al gobierno mexicano el dos de mayo por WAN-IFRA, los representantes de los principales diarios de provincia del país valoraron la importancia de mantener abierta la comunicación a partir del encuentro y agradecieron la disposición al diálogo del gobierno y las explicaciones sobre cómo pretenden fortalecer las herramientas del sistema de protección de periodistas.
A la reunión asistieron directivos y representantes del AM de León, El Debate de Sinaloa, El Diario de Juárez, El Diario de Yucatán, El Mañana de Nuevo Laredo, El Mundo de Córdoba, Noroeste de Sinaloa, Ríodoce de Sinaloa, El Siglo de Torreón y la Asociación de Editores de los Estados (AEE).
