Ciudad de México vuelve a perfilarse como la punta de lanza en la defensa de los derechos civiles en su país. Como ya ocurre con el aborto o el matrimonio gay, la capital va camino de convertirse en el primer Estado en legalizar el consumo de marihuana. En pleno debate nacional sobre la regulación y con un proyecto de ley abanderado por el presidente Peña Nieto, la primera redacción de la nueva Constitución de la Ciudad de México apuesta por abrir la mano para usos terapéuticos.
“Se promoverá además el uso medicinal y la investigación científica de la misma, desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños” indica uno de los párrafos del artículo 14 de una versión aún preliminar de la Carta Maga, que deberá pasar todavía por varios filtros legislativos hasta su redacción definitiva y su entrada en vigor el año que viene.
La apertura del melón regulatorio en un país marcado a fuego por el conflicto de las drogas – en la última década se registraron más de 100.000 muertes relacionadas con el narcotráfico- ha sido facilitada por dos históricos goles de la Corte Suprema. En octubre la Justicia permitió por primera vez en la historia la entrada de un derivado del cannabis con fines medicinales para una niña de ocho años que sufre a diario severos ataques de epilepsia. El mes siguiente, reconoció el amparo de cuatro personas para el cultivo y consumo personal de cannabis.
Desde entonces, el presidente, Enrique Peña Nieto, ha encabezado un giro en las políticas públicas sobre drogas. Apoyándose en las encuestas -un 80% de la población respalda la legalización para usos medicinales- y siguiendo el paso de experiencias como la uruguaya, el Gobierno lanzó un proyecto de ley para elevar la cantidad mínima que se considera delito y permitir los usos terapéuticos.
En este afán liberalizador, hasta el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Ossorio Chong, a la cabeza de la lucha mexicana contra el narcotráfico, salió la palestra para apoyar la medida. Pero el camino para aprobación final se prevé sinuoso. Dentro del propio PRI, el partido en el poder, el respaldo a la iniciativa del presidente no es unánime.
El senado rechazó en junio elevar de cinco a 28 gramos la cantidad permitida para consumo personal, mientras que dio vía libre a la apertura para su uso medicinal, al indicar en su informe que queda despenalizada: “la siembra, cultivo y cosecha de la mariguana en territorio nacional, cuando se utilice con fines medicinales y científicos, para que México tenga su propia industria controlada de esta sustancia».
